Roberto Andorno es profesor asociado de Derecho Biomédico y Bioética en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zúrich e investigador del Instituto de Ética Biomédica e Historia de la Medicina de la misma universidad.
Los países latinoamericanos parecen haber sido más receptivos a los neuroderechos y a la necesidad de ponerlos en práctica que otras regiones. ¿Es así? ¿Por qué?
Los países latinoamericanos efectivamente fueron especialmente receptivos a los neuroderechos. Creo que esto se relaciona con la sensibilidad regional frente a prácticas contrarias a los derechos humanos, marcada por décadas de gobiernos no democráticos. Esto puede explicar la preocupación por el acceso a los datos mentales y su potencial para generar formas inéditas de violación de los derechos humanos.
Las altas tasas de criminalidad también pueden explicar por qué especialistas en derecho penal y criminología se interesan por el aporte que las neurotecnologías podrían hacer al sistema penal, a la prevención de la violencia y a la estimación de la reincidencia. Al mismo tiempo, los expertos insisten en que los sistemas de justicia penal deberían prestar más atención al desarrollo cognitivo de quienes cometen delitos violentos, especialmente los menores. Esto es particularmente relevante porque la edad mínima de responsabilidad penal es comparativamente baja en parte de la región. También existe la expectativa de que las neurotecnologías contribuyan a comprender cómo la pobreza afecta el desarrollo cognitivo y la conducta delictiva.
¿Qué dos puntos destacaría de su informe para la UNESCO sobre neurotecnología y neuroderechos en América Latina?
Primero, la investigación y la actividad clínica en neurociencia están consolidadas en varios países, especialmente en Argentina, Chile y Brasil. Hay tecnologías avanzadas disponibles y resultados comparables con los de países más desarrollados. Sin embargo, la atención médica se concentra principalmente en clínicas privadas de grandes ciudades. Esto plantea interrogantes de equidad en una región caracterizada por altos niveles de pobreza y dificultades para acceder a una atención básica de calidad.
Segundo, existe un interés especial por temas de derecho penal y criminología: el aporte de la neurociencia a la justicia juvenil, la imputabilidad y la neuropredicción. Autores latinoamericanos suelen cuestionar que los tribunales ignoren evidencia que muestra que el cerebro adolescente todavía no está completamente desarrollado, en particular en áreas vinculadas con la toma de decisiones, la evaluación de riesgos y el control de impulsos. También reclaman cautela al usar neuroimágenes e inteligencia artificial para evaluar el riesgo de reincidencia en menores. Cuando estos sistemas se basan en datos de personas adultas, los sesgos algorítmicos pueden producir prácticas discriminatorias contra adolescentes.